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Notas

Columna de opinión: Mundo Minero

¿UNA NUEVA ETAPA EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN MINERA?

Miguel Cortavitarte Lahura- Gerente General de Construyendo Fortalezas Consultores Corporativos

El Decreto Supremo N° 001-2020-EM que ha entrado en vigencia el 16 de enero, y que reglamenta la Ley Nº 31007 (Ley que aprueba la nueva apertura del Registro Integral de Formalización Minera -REINFO- a la vez que amplía el Proceso de Formalización Minera Integral hasta el 31 de diciembre del 2021), ha desarrollado dos criterios que al parecer buscan abrir una nueva etapa en el proceso de formalización. El primero de ellos es el facilitar una inclusión amplia en el REINFO de los mineros que actualmente realizan su actividad de manera ilegal. El segundo criterio está relacionado con condiciones más estrictas de permanencia en el citado registro o, dicho de otra manera, existen ahora más causales para que la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) pueda cancelar la inscripción de los mineros informales.

Respecto al primer punto, lo más resaltante es que el Estado no exige, como en el año 2017, el criterio de antigüedad de la labor minera para validar la permanencia en el registro del sujeto inscrito. En realidad, deroga el párrafo 13.2 del artículo 13 del Decreto Supremo N° 018-2017-EM, por lo tanto, elimina distintas causales de exclusión señalados en el artículo 6 del mismo Decreto Supremo, entre ellos, que el minero debía probar al menos 5 años de actividad minera para mantener su estatus de informal.  Lo cierto es que la norma reconoce al parecer el fracaso de este requisito, que nunca fue realmente aplicable, puesto que, o era pasado por alto por los verificadores de turno o, en el peor de los casos, generaba condiciones para actos de corrupción de funcionarios.

En cuanto al segundo criterio, la nueva norma obliga al minero informal a declarar su producción cada seis meses, facultándolo a declarar inactividad sólo con justificación y por el plazo máximo de un semestre. Además, se establece un plazo relativamente corto para la presentación del IGAFOM  por parte de los nuevos inscritos (90 días calendario y 30 días adicionales en caso de desistimiento o desaprobación por la autoridad competente) a la vez que mantiene el plazo establecido para la presentación de este instrumento ambiental (31 de marzo de este año) a quienes se inscribieron en el REINFO al amparo de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1105 y del Decreto Legislativo N° 1293. Finalmente, introduce el procedimiento de oposición a la inscripción en el REINFO por un tercero legitimado, es decir, por parte de un titular minero u otro minero informal perjudicado por una nueva inscripción, siempre y cuando el afectado tenga autorización para realizar actividad minera o un instrumento ambiental aprobado.

En un juego de contrapesos, ante la presión de los mineros informales organizados que están adquiriendo una cada vez mayor capacidad de incidencia política, el Poder Ejecutivo ha intentado consensuar la existencia de una nueva norma que refleje un entendimiento con los distintos actores involucrados en la problemática de la minería informal, pero también que erradique la mala utilización de las inscripciones por parte de sujetos que no realizan actividad minera y que durante muchos años han utilizado el REINFO para darle cobertura a los mineros ilegales. A eso apunta tanto la obligatoriedad de las declaraciones de producción como también, para el caso de la realización de actividades de beneficio, la inscripción en el Registro de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados de la SUNAT al 31 de diciembre del 2020.

De lo señalado, la gran interrogante que surge es si estas nuevas disposiciones reglamentarias pueden realmente fortalecer el proceso de formalización minera  integral declarado por el Decreto Legislativo 1293. Para que el impacto sea positivo se requiere un Estado que cumpla con sus propios compromisos y que, por lo tanto, no solucione su mala gestión con continuas ampliaciones de los plazos que lo único que ocasionan es una cada vez menor credibilidad en el proceso. Que por otro lado sea capaz, entre otras cosas, de brindar una asistencia técnica efectiva a los mineros informales y a los formalizados. Asimismo, promover un trabajo intersectorial efectivo contra la minería ilegal y fortalecer la gestión de los gobiernos regionales, que son los responsables de ejecutar la formalización minera. Lamentablemente, estamos al parecer, más cerca de un país desbordado por la informalidad (e ilegalidad) minera, que dé un cambio de rumbo auspicioso, lo que nos indica que el nuevo gobierno en el 2021 probablemente repetirá la historia y empezará todo de nuevo.

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